Pero además, insisten en la gravedad de los datos destacando, en segundo lugar, pero igualmente importante, que "la población con discapacidad aparece muy frecuentemente afectada por relaciones sociales precarias, víctima de abusos, o con escasas oportunidades para realizar actividades de ocio, por ejemplo", lo que eleva la desventaja en este ámbito a un 65%.

 

La importancia del Informe Olivenza, que se elabora anualmente, se basa en la objetividad de los datos y su utilidad para poner sobre la mesa la realidad con la que convivimos, especialmente las personas con discapacidad. No es un documento de valoración sino de descripción de la situación en términos fundamentalmente cuantitativos.

 

 

La renovación de datos, en un informe que se elabora anualmente, es de capital importancia y en este sentido es necesario dejar patente la preocupación de sus autores: "Obviamente, nos gustaría que la renovación de los datos fuera más intensa en algunos aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver con encuestas oficiales que registran la situación de discapacidad, pero esta renovación no es tan intensa como sería deseable, para un colectivo grande y disperso como el de la población con discapacidad".

 

Y señala Huete García que todavía hoy "las Administraciones Públicas se resisten a facilitar un uso estadístico de las bases de datos de los servicios que ofrecen a la ciudadanía, fundamentalmente relacionados con bienestar social, sanidad, educación, empleo, etc. Todos los años el Observatorio Estatal de la Discapacidad, que es administración pública, solicita datos a la propia administración que en ocasiones se facilitan, pero en otras se deniegan. Afortunadamente la sensibilidad sobre este asunto va cambiando, aunque de manera muy lenta". 

 

Tras la introducción que abre el informe, el capítulo segundo presenta los principales cambios en el marco normativo en relación con la discapacidad en el último año. En este sentido, cabe destacar sobre todo "la información relativa al cumplimiento de nuestro país con la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como a la cada vez más frecuente aparición de jurisprudencia fundamentada en la propia Convención", afirma Agustín Huete. 

 

 

En el tercer capítulo se actualizan los datos fundamentales sobre inclusión social de la población con discapacidad a partir de las fuentes estadísticas disponibles. Y es en este punto donde los coordinadores del estudio ponen mayor hincapié por la escasez de datos sobre inclusión social y la preocupante realidad que reflejan los pocos datos manejados cuando se habla de violencia, relaciones sociales, ocio... 

 

Pero además, en este punto destaca el eje económico, donde la desventaja de la población con discapacidad es de 35 puntos porcentuales respecto a la población general. "Aquí se acumulan indicadores relacionados con empleo, ingresos y pobreza y es especialmente relevante la mayor brecha salarial que afecta a las mujeres con discapacidad (17.779 euros anuales como promedio), respecto no sólo a la población general (23.2085), sino a los varones con discapacidad (19.570)". 

 

En el eje de derechos o ciudadanía, la desventaja se incrementa hasta 55 puntos porcentuales, sobre todo en relación con las todavía altas cifras de analfabetismo y bajo nivel de estudios que afectan a la población con discapacidad, incluso a la población con discapacidad que no tiene limitaciones severas para el aprendizaje. Eso sí, los autores quieren señalar que en este eje también encontramos algunos indicadores en los que la población con discapacidad presenta una ventaja respecto al resto de la población, fundamentalmente en relación con las condiciones de habitabilidad y salubridad de la vivienda, ya que son menos las personas con discapacidad que habitan en lo que se conoce como infravivienda.

 

 

El capítulo 4, referido a “Mercado de Trabajo y Discapacidad en España” ha sido elaborado en colaboración con ODISMET, el observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE. ODISMET es una iniciativa de Fundación ONCE cofinanciado por el Fondo Social Europeo y gestionado por FSC Inserta, cuya finalidad es la de convertirse en el referente de consulta sobre todo lo relacionado con el binomio discapacidad y mercado de trabajo.

 

Siendo directos, como lo es Agustín Huete, a la luz de los datos que ofrece Olivenza, podemos afirmar que "nos encontramos ante un colectivo poco integrado en el mercado laboral, ya que dos de cada tres personas con discapacidad son inactivos laboralmente y si comparamos el dato con la población general, se establece una distancia de 44 puntos porcentuales". El resultado del estudio evidencia la situación de desventaja que vive el colectivo en el proceso de acceso al mercado laboral, mostrando una menor tasa de actividad y de empleo y una mayor tasa de paro, en comparación con la población sin discapacidad.

 

Y si atendemos a la población joven, podemos observar con preocupación, y tristeza, que la tasa de paro alcanza el 63,5%, es decir, "más del 60% de los jóvenes con discapacidad se encuentran desempleados, poniendo de manifiesto la complejidad que define el binomio juventud y discapacidad, para la inclusión laboral", afirma Agustín Huete. Aunque apunta, como algo positivo, que las personas con discapacidad con estudios superiores muestran una tasa de paro inferior a la de la población general.

 

Por otro lado, según la información recabada en el capítulo sexto, elaborado con la colaboración de Fundación Vodafone, los resultados del informe en el acceso a la tecnología confirman la idea de que "puede ser un arma poderosa de inclusión social, pero también de generación de desigualdad", afirman los expertos. Así por ejemplo, cuatro de cada diez personas con discapacidad no utilizan el teléfono móvil y la utilización de terminales inteligentes con adaptaciones es muy baja (2,1%).

 

Las mayores diferencias de uso del teléfono móvil las encontramos al considerar la variable nivel educativo: mientras que solo el 17% de los que concluyeron al menos la secundaria no lo utilizan, llega a casi la mitad entre los que solo concluyeron la enseñanza primaria. Diferencias similares se observan al considerar la edad, ya que casi dos de cada diez personas con discapacidad de 45 a 65 años no lo utilizan y entre los mayores de 65 años dicha proporción asciende a casi cinco de cada diez.

 

 

Desde hace años, el informe Olivenza aplica un modelo propio para la medición del esfuerzo de las administraciones públicas españolas en materia de personas con discapacidad, "considerando una dimensión sustantiva, es decir, sobre las áreas de actuación destinadas a la atención de las personas con discapacidad, así como una dimensión procedimental, relacionada con la naturaleza de los recursos a su disposición, así como los actores implicados en la provisión y prestación de dichos recursos", explica Agustín Huete. 

 

Y aunque existen grandes diferencias a la hora de presentar la información presupuestaria por las distintas Comunidades Autónomas, los autores de este informe aseguran: "Hemos conseguido llegar a un resultado de aproximadamente el 1% del presupuesto de las CCAA dedicado a discapacidad. El importe promedio dedicado a personas con discapacidad va desde los 340 a algo más de 2000 euros, dependiendo de la comunidad autónoma. Las Comunidades con mayor porcentaje del presupuesto global localizado destinado a discapacidad son País Vasco, Aragón y La Rioja, siendo las de menor cuantía Baleares, Cantabria y Asturias".

 

Finalmente, solo cabe indicar que la elaboración de este informe es una de las principales actividades encomendadas al Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) y, con esta tarea, el OED impulsa la labor de generación y difusión de conocimiento sobre la realidad de las personas con discapacidad y la clarificación de los avances y los retos que enfrentan las políticas públicas en materia de discapacidad.